El agua cuesta un 50 % más en Vigo que en las otras ciudades

La disparidad en las tarifas provoca que los vigueses paguen más del doble que los ourensanos por el mismo consumo

Es un recurso esencial, pero su uso tiene un coste distinto en cada ciudad. La ausencia de un sistema tarifario homogéneo provoca que abrir el grifo resulte en Vigo hasta un 50 % más caro que en la media de las siete urbes principales. Los criterios de consumo mínimo, y la disparidad en su aplicación, motivan que un hogar vigués pague por 10 metros cúbicos al mes 19,60 euros (siempre excluyendo la recogida de basura), mientras un ourensano abona por esa misma cantidad 8,91. En cambio, para un consumo de 15 metros cúbicos mensuales, la estructura tarifaria de Pontevedra (23,45 euros) resulta más cara que la de Vigo (21,24), mientras que las otras cinco ciudades quedan por debajo de los 20 euros.

La corrección de estos desequilibrios pasa por establecer una tarifa uniforme, que permita reemplazar ese sistema de cobro por consumo mínimo por otro de tramos. Con la factura por consumos mínimos, el usuario paga una parte fija por un umbral determinado, con independencia de que alcance o no esa cantidad. En Vigo, por ejemplo, todos los hogares pagan por un mínimo de 15 metros cúbicos al mes, aunque no los usen. Esto es lo que explica que un consumo de 10 metros cúbicos resulte en esa ciudad mucho más caro que en el resto. Ese sistema no penaliza el abuso ni tampoco incentiva el ahorro de agua. En cambio, la tarifa por tramos garantiza con mayor precisión que cada hogar pagará de acuerdo con el uso que hace del recurso, y que la factura aumentará en proporción al consumo.

Este es el mismo esquema que la Xunta trasladó al controvertido nuevo canon de saneamiento, dentro de su competencia, y que ahora pretende introducir en la factura del agua, que compete a los ayuntamientos. Con este objetivo, Augas de Galicia trabaja desde hace meses con la Fegamp en un modelo unificado que parta de una revisión de las ordenanzas municipales y permita promover una cultura del ahorro de un bien escaso.

A falta de convencer a los alcaldes, el ente gestor ha dado un nuevo paso para persuadir a los concellos de la necesidad de cobrar por el consumo real, al anunciar que supeditará la asistencia en casos de sequía a los municipios que previamente hayan revisado sus tarifas para suprimir los consumos mínimos y penalizar usos abusivos.


Fuente: LVG